Por Javier Preciado Patiño
En la jerga callejera se podría decir que la reforma del Estado, que lleva adelante el ministerio de Modernización, “se llevó puesta” a la subsecretaría de Estado encargada de la lucha contra le evasión en la cadena agroalimentaria.
Nos referimos a la Decisión Administrativa 324/2018 (con la firma de Marcos Peña y el ministerio Etchevehere) que reformula el ministerio de Agroindustria y elimina la subsecretaría de Control Comercial Agropecuadio (SuCCA), dependiente de la Unidad Ministro, para rebajarla a Dirección Nacional, dependiendo directamente el secretario Agricultura, Ganadería y Pesca.
Para entender la magnitud del cambio hay que remontarse a lo que fue la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y al gobierno de Duhalde. Su continuidad durante el primer tramo del kirchnerismo, la llegada de Etchegaray primero, el salto de este a la AFIP después, las denuncias por corrupción y la disolución de la oficina, allá por 2011.
En diciembre de 2015, cuando asume el presidente Macri y nombra a Ricardo Buryaile como ministro de Agroindustria, este convoca a Marcelo Rossi -un militante radical que había estado al frente de la ONCCA en la primera etapa que mencionamos y que decide resignar el cargo tras su enfrentamiento con el otrora poderoso secretario Guillermo Moreno- para hacerse cargo del área de control comercial agropecuario.
Rossi, quien ya se había retirado de la actividad pública y privada, venía precedido del áurea de transparencia y honestidad que se había ganado durante su etapa como funcionario. Su enfrentamiento con Moreno y con las políticas del kircherismo póstumo, sumado a su ADN radical, le habían granjeado la simpatía de amplios sectores de la cadena agroalimentaria.
Así fue que este médico veterinario dejó su ostracismo tras el cambio de gobierno, para asumir la conducción de lo que sería la subsecretaría de Control Comercial Agropecuario, una estructura que en el organigrama dependía directamente de Buryaile.
El combate contra la evasión fue el eje central de su gestión. Allí contó con el apoyo del jefe de los recaudadores, Alberto Abad, con quien ya había trabajado en las gestiones de Duhalde y Néstor Kirchner. Esto se tradujo en una serie de resoluciones conjuntas apuntadas al blanqueo de la faena, cuyo punto culminante fue la decisión de implementar, por fin, la instalación de controladores electrónicos de faena en los frigoríficos, tecnología que se extenderá a la faena porcina, aviar y de molienda de trigo.
La idea de Buryaile era retornarle a Rossi un organismo autárquico, como había sido la ex ONCCA, tras un periodo en el cual funcionaría como subsecretaría. Pero dos años después, y sin Buryaile, las cosas tomaron el rumbo contrario.
Primero fue la salida de Alberto Abad, un hombre de enorme prestigio en todo el arco político. Así, Rossi perdía un aliado clave en su misión. Muchos interpretaron esta salida como el resultado de una puja política en el seno de la alianza Cambiemos.
Inmediatamente vino el anuncio del presidente Macri de la “anulación” de registros, entre ellos el TIRE, que había sido creado por el mismo Abad en 2017, con una gran resistencia del ruralismo. Y dos días después se promulgó la norma que degradaba la subsecretaría de Control Comercial Agropecuario a mera dirección nacional.
Quienes han transitado los vericuetos de la política y la administración pública saben que este tipo de situaciones son muy difíciles de remontar. A partir de ahora, una decisión de la DN de Control Comercial Agropecuario deberá pasar por el doble filtro del secretario y del ministro antes de efectivizarse. Exactamente lo contrario a lo que ocurriría si el área tuviera autarquía.
Todos saben que el Dr. Rossi es una persona que “está hecha”, que no necesita ni el cargo ni la “chapa” ni el sueldo para hacer lo que hace. Muy por el contrario, haber aceptado tamaña responsabilidad tuvo que ver con su compromiso con una nueva etapa política en la Argentina y su convicción de que es necesario sanear la cadena agroalimentaria, combatiendo la informalidad.
Off the record, desde el propio oficialismo han mostrado su sorpresa con las decisiones de la última semanas. Incluso el anuncio de que se eliminará la categoría “productor” en el registro de operadores fiscales de granos genera dudas respecto de si no se está facilitando la elusión impositiva.
Las próximas semanas serán clave para verificar si la política de blanqueo en la cadena agroalimentaria seguirá firme más allá de los cambios o si, por el contrario, se producido un peligroso punto de inflexión.
