Foto: Javier Preciado Patiño (RIA), Alfredo Paseyro (ASA) y Lisandro Galínez (Arpov) dialogando en Expoagro
“Las cosas no han cambiado demasiado, el volumen de semilla fiscalizada en cultivos autógamos (como la soja o el trigo) es similar al de años anteriores”, se lamentan el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos, Alfredo Paseyro, y el presidente de Arpov, Lisandro Galíndez.
Es que más allá de los intentos del Instituto Nacional de Semillas por acotar el canal no formal de semillas, las cosas no han cambiado demasiado. “En la medida que no haya un sistema punitorio para el que no cumple con la ley, no va a haber grandes cambios”, señalan a coro. El amplio margen que deja el uso propio de las semillas, más el comercio ilegal, acotan las posibilidades de recuperar los derechos de propiedad intelectual por medio de la venta de semilla fiscalizada o las regalías extendidas.
El INASE había armado un sistema para que los productores declaren las variedades utilizadas para la producción y su origen. Pero llamó la atención la antigüedad de las variedades declaradas, muchas de ellas que se remontan a una década atrás. Ahora esa información forma parte del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). “Debería hacerse un cruce entre lo que el productor declara y la factura de compra de la semilla, para corroborar que lo declarado es lo efectivamente sembrado y comprado”, apuntan Paseyro y Galíndez.
Ahora mismo, el INASE está implementando un sistema de identificación de las variedades por medio de marcadores moleculares, de manera tal que en el punto de entrega se podría verificar si la variedad comercializada se corresponde con la declarada. “Pero si no hay un ‘castigo’ al infractor es improbable que las cosas mejoren. No va a haber ‘enforcement’ de la normativa si no hay una penalidad”, apuntan.
Los directivos señalan que esperan que el proyecto de ley de semillas que tiene dictamen de los diputados obtenga la media sanción. “El presidente Macri, en oportunidad de la reunión de la Mesa Nacional de la soja, nos transmitió que es una prioridad para su gobierno. Eso es auspicioso. Por otra parte nunca un proyecto había logrado tanto apoyo como este, estamos a un paso de poder dar vuelta la historia”, se entusiasma Paseyro.
Al parecer, el problema está en que el oficialismo no reúne la mayoría para lograr la media sanción. “Por eso estamos hablando con ministros de las Producción o del Agro de las provincias, para que hablen con sus gobernadores para que sus diputados apoyen la sanción de la ley. Hay empresas que disponen de tecnologías para el cultivo de soja, y que no las están lanzando en la Argentina porque no hay un marco que les asegure el recupero de sus derechos de propiedad intelectual”, señalan.
La pregunta es si el calendario electoral, más intenso que nunca por el desdoblamiento de las elecciones entre las provincias y la Nación, permitirá llegar a tiempo para que el proyecto no caduque. “También está la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque a una Sesión Especial de la cámara de Diputados. Hay muchas voces pidiendo por esta ley, y mucho interés de los mismos productores en que esto salga”, afirman Paseyro y Galíndez.
