Ingeniero en Producción Agropecuaria, hijo de uno de los pioneros del movimiento CREA, tempranamente incorporado a las filas de la Fundación Pensar y nombrado secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en los albores de la gestión Cambiemos, desde fines del año pasado Ricardo “Ricky” Negri es el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, un organismo estratégico para la proyección del país como proveedor de alimentos, pero al mismo tiempo un organismo cuestionado desde distintos sectores políticos,por el rumbo de las reformas que ha encarado.
Precisamente, la entrevista concedida por Negri a este sitio permite poner en blanco sobre negro la definición estratégica del rol del Senasa y más aún, del papel del Estado en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria que esta gestión le asigna.
Javier Preciado Patiño: ¿Cuál es la situación financiera con que encontraste el Senasa?
Ricky Negri: En los últimos años, diez o más, el Senasa tuvo una holgura financiera basada en la desprolijidad administrativa. Le daban lo que pedían, casi ad libitum. No había un criterio de optimización de los recursos, que es lo que estamos encarando hoy en este marco de déficit fiscal. De todos modos, cuando hablamos de recursos no solo me refiero a lo presupuestario.
-JPP: ¿Y la situación presupuestaria concretamente?
-RN: Tenemos menos fondos operativos que el año pasado. Sacando lo que es Inciso 1 (salarios, en la jerga de la Administración) nos quedan 800 millones y pico para la operación. Claro que ante una contingencia, los recursos están, porque hay emergencias que se pueden presupuestar y otra que no. Esto lo digo para dejar en claro que no hay ningún riesgo de que el organismo no esté operativo.
-JPP: ¿Cuál es la política del gobierno respecto del fondeo del Senasa?
-RN: Formo parte de un gobierno que piensa que el Senasa no le tiene que costar dinero extra al contribuyente, que tiene que financiarse a partir de los aranceles que recauda. Puede ser discutible o no, pero esa es la decisión. El tema es cómo se arancela el servicio.
-JPP: ¿Y cómo se arancela?
-RN: Primero voy a referirme a la cuestión de la cantidad de aranceles que había. En junio de 2017, el Senasa tenía 1.780 aranceles. Lo primero que hicimos fue dar de baja aquellos que no tenían movimiento y así para diciembre nos quedaban unos 800. Ahí empezamos un proceso de unificación y simplificación. A febrero de este año teníamos 460 y esperamos terminar con no más de 250. Este es un punto. El otro es el valor de los aranceles. Antes cada área le fijaba el valor como quería, no había una visión general.
-JPP: ¿Cuál es la política de ustedes en este sentido?
-RN: La aproximación es por dos vías: la proporcionalidad del arancel con el producto y el costo de ese servicio. No queremos cargar por demás a una cadena ni a un eslabón dentro de una cadena. Por ejemplo, sucedía que los aranceles vinculados a la cunicultura eran tan desproporcionados que de alguna manera terminaban incentivando la informalidad. Ahora lo corregimos, como también corregimos los aranceles de los productos biológicos, estratégicos para una agricultura de precisión.
-JPP: Se habla de que el Senasa está tercerizando sus funciones en el sector privado, por caso en la inspección de los embarques granarios.
-RN: La realidad es que ningún país pide que las bodegas de los buques que cargan aceites y harinas (proteicas) tengan una certificación del Senasa. Entonces, ¿para qué hacerlo? El punto es que a veces detrás de estos trámites hay fenomenales bolsas de corrupción. Imaginate el poder que tiene la persona que lleva adelante ese trámite en relación al valor diario de un buque en puerto. Es tremendo.
-JPP: Más allá de esta situación puntual, ¿cuál es la estrategia?
-RN: Tenemos una matriz de decisión basada en dos criterios: a) el servicio es delegable o indelegable y b) el servicio es arancelable o no arancelable. Ahí se forman las cuatro posibilidades y las cuatro aproximaciones que tenemos. Por ejemplo, una negociación internacional es indelegable y no arancelable. Ahí está el Senasa. En cambio, la exigencia del importador de una certificación oficial por parte del Senasa es indelegable pero arancelable. Ahora bien, cuando pedimos al productor que se registre o envíe información estamos hablando de algo no arancelable y delegable, con lo cual vamos al sistema de autogestión y declaración jurada vía internet. Finalmente la lucha contra una enfermedad, como la aftosa, es delegable y arancelable y allí estamos hablando del esquema de entes sanitarios, lógicamente con la coordinación del Senasa. Este esquema es el que queremos expandir a plagas vegetales, por ejemplo.
-JPP: Dentro de lo arancelable y delegable tenemos también la problemática del HLB (la plaga de los citrícos), la polilla de la vid, el picudo algodonero, ¿cómo planteas la intervención del Senasa dentro de esta estrategia?
-Como un degradé que va de 100% público a una mayor participación de los privados a medida que la problemática se generaliza. Por ejemplo, impedir o mitigar el ingreso de una plaga es tarea ciento por ciento del Senasa. En sentido, por ejemplo, se logró atrasar el ingreso del HLB trece años respecto de Brasil. Eso es un logro del organismo, no de Ricky Negri, obvio. Ahora, cuando la plaga ingresa, ya hay una intervención conjunta con provincias y organizaciones privadas. Si la plaga se generaliza, entonces hay una mayor responsabilidad del privado. Pensemos por ejemplo en malezas resistentes. El Senasa trabajó inicialmente en el diagnóstico del problema, la prevención de la propagación, etcétera, pero una vez que alcanza a nivel del lote, es el productor el que se hace cargo de combatirla.
-JPP: Está claro. Hablando de trámites, el presidente Macri ha anunciado la simplificación de la burocracia para el productor. ¿Cómo aporta el Senasa en esto?
-RN: Para junio vamos a tener todos nuestros registros unificados, que son más de 120. El RENSPA (Registro Sanitario) es como el DNI del productor. No estamos diciendo que se va a eliminar, sí que se va a unificar y simplificar. No tiene sentido pedirle información al productor de soja, que en un 99% ya se la tuvo que brindar a la AFIP. Vamos por ese camino.
-JPP: Se habla mucho de la interacción con otras áreas del gobierno. Mencionaste a la AFIP. ¿Qué piensan en esto?
-RN: Que tenemos que ir hacia una fiscalización inteligente, basada en el cruce de datos con otros organismos. Por ejemplo, el análisis de la información sanitaria y fiscal nos puede direccionar la fiscalización hacia donde hay un mayor riesgo sanitario. Y así podemos establecer un “canal verde”, cuando el riesgo es bajo y un “canal rojo” cuando es alto. Esto nos permitiría llevar adelante más fiscalización con mejores resultados, incluso, y con el mismo o menos presupuesto.
-JPP: La última, ¿sobra gente en el Senasa?
-RN: No. Hay una política de recursos humanos muy clara. De lo que estamos hablando es de descentralización y profesionalización. Esto implica cambios de funciones y de estructuras, en el marco de la transformación tecnológica que está ocurriendo.
Impresiones personales
Quedaron muchas cosas por conversar con Negri. Una, el rol de los controlados en la gobernancia del Senasa. El gobierno anterior sostenía que los controlados no podían ejercer un mecanismo de control a través del Consejo de Administración y sostenían que los países importadores compartían esta visión.
Un segundo aspecto que se podría profundizar es el tema de los aranceles. Tanto australianos como neocelandeses realizan precisos cálculos del costo del servicio que sus servicios sanitarios prestan a los privados. La filosofía es que el Estado no puede cobrar un centavo más de lo que cuesta el servicio, ya que entonces se estaría produciendo un lucro. Es en ese nivel donde se da la interacción con los privados, de manera de evitar sobrecostos o que una actividad “subsidie” a otra. Estos organismos carecen de un Consejo de Administración tal como plantea nuestro Senasa.
Un tercer aspecto tiene que ver con el financiamiento total del organismo a partir de los aranceles. Tanto Australia como Nueva Zelanda entienden que -a la manera de lo que plantea Negri- aquello que es apropiable por los privados, debe ser pagado por ellos. Pero la otra parte es aportada con fondos de los respectivos tesoros.
Finalmente, ¿cómo compatibilizar una historia de aranceles puestos “a ojo”, con un preciso cálculo del valor del servicio? ¿Podría el Senasa quedar definanciado si se encontrara que en verdad existen actividades que pagan aranceles muy superiores al costo del servicio y que por ende terminan financiando a otras cadenas?
Son temas para seguir profundizando en los meses que vienen.
Para citar: www.javierpreciadopatiño.com
