“No hay posibilidad alguna de revisión. Es mi decisión y es una decisión tomada”. Así se dirigía el presidente Macri a sus interlocutores en relación al acuerdo UE- Mercosur y en particular a lo relativo al compromiso asumido por la Argentina, no solo a eliminar los derechos de exportación sino a no aplicar diferenciales entre materia prima y productos industrializados.

La decepción de los visitantes fue importante. Lo que sabían del acuerdo era que la Argentina se comprometía a eliminar en tres años los derechos de exportación, contados a partir de la ratificación del acuerdo y, como máximo en siete años, a no aplicar aranceles superiores al 14% para el complejo soja. Además, se comprometía a no establecer diferenciales de retenciones entre el grano y sus subproductos, incluido el biodiesel. Buscaban una revisión de esos términos, pero la respuesta fue contundente.

¿Por qué para los europeos es tan importante que la Argentina se abstenga de aplicar los derechos de exportación, si en definitiva el precio que pagan por la  harina de soja es la misma haya o no haya? El punto, explican quienes están al tanto de las negociaciones, es que al utilizarlos, la industria alimentaria argentina accede a los granos a precios comparativamente menores a la de los países que no los aplican y por lo tanto pueden resultar más competitivas en el comercio internacional. Hete ahí la razón.

Durante años, continúan, la presión europea fue neutralizada con el argumento que la Argentina estaría dispuesta a eliminarlos si la UE quitaba los subsidios a la agricultura. De esta manera se mantenía el status quo. Pero en el presente, aseguran, el renovado ministro Luis Miguel Etchevehere habría sido clave para convencer al Gobierno de que era la oportunidad para aceptar la eliminación de los diferenciales arancelarios y las retenciones mismas, aduciendo que se trataba de un requisito de la UE para avanzar en el TLC.

“El problema es que si se le otorga esto a la UE, el resto de los países van a requerir lo mismo. No hay forma de eliminar retenciones y diferenciales para Europa y no para el resto”, señalan las fuentes.

El gobierno nacional ya había dado muestras de que no quería saber más nada con el diferencial de retenciones en la soja cuando en setiembre del año pasado estableció que tanto el poroto como los subproductos tributarían $4 por dolar, además del piso de 18%.

Pero la cosa no terminó allí. Este año, aprovechando el reclamo para bajar de $4 a $3 por dolar la retención al girasol confitero, lo hizo extensivo a todo el grano, enrasando en $3 la retención de todo el complejo girasolero. “Nos encontrábamos en India, tratando de vender aceite de girasol a ese mercado y a Bangladesh, cuando nos avisaron de lo que había salido publicado en el Boletín Oficial. Fue un golpe duro, que nos dejó descolocado frente a los potenciales clientes que queríamos ganar”, sostienen.

Para varios en el sector agrícola, el diferencial de derechos de exportación es un “subsidio” a la industria, que debe ser elimando. La política gubernamental parece ir por ese lado.

Lo cierto es que los términos del acuerdo estarían dejando en claro que la idea del Gobierno es sostener en 18% los derechos de exportación para el complejo soja, a partir del 31/12/2020 cuando, en principio, caducaría el decreto que reimpuso las retenciones.

Por otra parte, como señalan las fuentes, el acuerdo con la UE podría dejar las manos atadas a un gobierno de signo político distinto, en cuanto a la posibilidad de utilizar la herramienta de los derechos de exportación.