“Estamos calientes” suena la frase parodiando al Presidente en su última aparición frente al Gabinete ampliado. Quienes la pronuncian son los productores de bioetanol que al día 22 no sabe cuánto cobrarán por el biocombustible que le están proveyendo a las petroleras.
La excusa oficial para que no haya precio es la demora entre la salida de Agustín Torroba como director de Biocombustibles en la secretaría de Energía y el nombramiento, reciente, de su sucesor, el ITBA-boy Jorge Alberto Garavaglia.
No fue un cambio de nombres menor. Torroba es el hijo del dirigente radical pampeano Francisco Torroba y un técnico alineado con el ex funcionario de Alfonsín, Daniel Montamat. Garavaglia, en cambio, representa la corriente CEO proveniente de universidades privadas, y con su perfil profesional forjado en grandes compañías privadas. Las tensiones entre radicalismo y PRO tienen raíces tan profundas que llegan hasta el nivel de una dirección nacional.
“Lo que nos preocupa es la definición de Lopetegui de que no habrá incremento en el corte obligatorio con biocombustibles”, señalan las fuentes, para reforzar que el nuevo director del área suscribe directamente al secretario de Energía.
La situación que describen es compleja. Tanto los precios del bioetanol como los del biodiésel están atrasados. Pero una fuerte recomposición sería utilizada por las petroleras para aumentar los precios en el surtidor. El gobierno, jaqueado por el dólar y la inflación no quiere pagar más costos camino a las elecciones de octubre, y en este caso dejar retrasado el valor del bioetanol y el biodiésel sería el mal menor, analizan.
“Los cambios de reglas son constantes y los empresarios están realmente calientes con el manejo que está haciendo el Gobierno de todo esto”, señalan.
Pero el factor judicial podría meterse en este complicado esquema. El pasado 26 de febrero, el secretario Lopetegui firmó la resolución 57/2019 por la cual otorgó cupos a dos proyectos de bioetanol de maíz, por un total de 88.000 m3 y amplió en 63.400 m3 el cupo de dos empresas que ya tenían.
La ira de los ingenios azucareros no se hizo esperar. Tildan a la resolución de “arbitraria” en cuanto a los criterios utilizados para justificar la asignación y prometen apelar a la vía judicial. Pero las fuentes no descartan que alguna de las tres bioetanoleras de maíz que se quedaron afuera se sume a la demanda.
Lo curioso de esa resolución es que justifica el otorgamiento de nuevos cupos en el contexto de una demanda insatisfecha, cuando las propias estadísticas ministeriales marcan en enero una caída de la producción de bioetanol de 16% respecto de 2018, caída que trepa al 21% en el caso del bioetanol de maíz.
Por otra parte, si la decisión del Gobierno es no aumentar el corte obligatorio, parece una contradicción otorgar nuevos cupos en un contexto recesivo de la economía, donde los consumos vienen cayendo.
