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Este martes la comisión de Ambiente del Senado, que preside Fernando “Pino” Solanas, convocó a una reunión de asesores para comenzar a tratar tres proyectos vinculados a la cuestión de los agroquímicos. Lo hizo, no a nivel de los propios senadores sino de sus asesores, invitando o haciéndolo conjuntamente con la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que preside el entrerriano federado Alfredo De Angeli.

Los tres proyectos que se iban a comenzar a analizar son los siguientes:

1.- El de Fernando “Pino” Solanas que propone para las zonas de protección ambiental la prohibición de la aplicación de productos por la vía aérea y una distancia mínima de 1.500 metros para la terrestre respecto de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, plantas apícolas, criaderos de animales, producción e industrialización de productos animales; ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses, diques y pozos de agua. El senador propone que hasta que entre en vigencia esta limitación (para lo cual asigna un periodo de dos años), las pulverizaciones aéreas deberán mantener una distancia mínima de 5.000 metros.

2.- El del senador del bloque Justicialista por Tierra del Fuego, José Antonio Ojeda, que directamente propone prohibir la producción, importación y uso del glifosato. Para ello otorga un plazo de cinco años desde aprobada la ley y encarga a la Comisión Nacional Investigadora sobre Agroquímicos (creada por CFK en 2009 para analizar la bibliografía sobre los riesgos de los fitosanitarios) a que “la investigación de un sustituto del glifosato”, como si fuera algo sencillo.

3.- El del senador radical por Mendoza, Julio Cobos, que propone una ley de presupuestos mínimos para el uso de agroquímicos en todo el territorio nacional, que propone la creación de un registro de Agroquímicos, donde entran desde el fabricante, hasta el aplicador y el productor (independientemente del régimen de tenencia), pasando por toda la cadena de comercialización y autorizacion, y detalla las condiciones que debe tener la receta agroquímica. El proyecto de Cobos evita ingresar en el tema de distancias mínimas y cuestiones sensibles que serían parte de la esfera de incumbencias de las provincias.

Para “amenizar” este encuentro fueron invitados dos expositores. El abogado especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria (asi fue presentado) Ezequiel Filardi y el Dr. en Química Damián Marino, también vinculado a la red de soberanía alimentaria. Claramente el primero apuntó a la cuestión de los “modelos” en pugna, poniendo de un lado el agroecólogico y del otro el industrial basado en los “agrotóxicos”, mientras que Marino hizo hincapié entre otras cosas en la falta de estadísticas oficiales sobre volúmenes de fitosanitarios aplicados y otras cuestiones vinculadas al conocimiento sectorial.

La presencia de asesores fue mayoritaria por parte de los vinculados a Ambiente, quedando en minoría los de Agricultura. No hubo planteos cuestionadores a los dichos de los invitados, quedando en principio en convocar a los propios senadores para exponer la problemática, es decir subiendo un grado en el tratamiento de los temas.

Sin embargo, dada la dinámica de la campaña electoral y lo avanzado del año, no parece muy factible que la Cámara Alta pueda abocarse a tratar un tema tan sensible como este en lo que resta del período ordinario de sesiones.